Pero, a principios de este año, decidió derogar la norma que le daba vida al nuevo seguro, desatando una pelea entre gremios del transporte, la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) y el propio Gobierno.
Para gremios como Apetrans (pequeños transportadores), Conaltur y Aditt (transporte terrestre de pasajeros) y el Consejo Superior del Transporte, la póliza en cuestión era un amparo de responsabilidad civil extracontractual para los 8,8 millones de carros y motos que anualmente deben someterse a revisión en los Centros de Diagnóstico Automotriz (CDA).
De hecho, así se justifica en la resolución que le dio vida, el 14 de septiembre de 2015.
“El CDA deberá constituir una póliza por la vigencia de cada uno de los certificados emitidos, que ampare los perjuicios y pérdidas causados a terceros como consecuencia de errores u omisiones”, dice la norma.
En otras palabras, los costos por todos los accidentes por fallas mecánicas de carros o motos, que tuvieran el certificado de revisión, debían ser asumidos por las aseguradoras.
“Está comprobado que el 90 por ciento de los vehículos involucrados en accidentes de tránsito tienen el certificado de la revisión técnico-mecánica.¿Cómo lograron pasar esa revisión? Los CDA tienen que entrar a responder con su seguro”, le dijo a EL TIEMPO René Ramírez Rhor, presidente de la Asociación de Usuarios de Vehículos Particulares (AUVP).
No obstante, a finales de octubre del año pasado la ministra de Transporte, Natalia Abello, derogó el artículo que ordenaba la toma de la póliza por parte de los CDA.
Sin embargo, para Fasecolda ese seguro no cumplía ninguna función y estaba duplicando los amparos.
“Esa póliza era un ingreso sin justificación para la industria aseguradora. Recibiríamos las primas, pero no pagaríamos los siniestros. Ese es un tema de responsabilidad social”, dijo Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda.
La decisión fue adoptada a pesar de que los gremios del transporte le enviaran cartas a la ministra Abello argumentando que no había fundamento legal para derogar la póliza. “En el caso del parque automotor vinculado al transporte público existe dicha póliza”, dice la carta de Apetrans.
Los mismos gremios aseguran que a los CDA les quitaron una responsabilidad y les mantuvieron una póliza que no beneficia a los usuarios, porque en 7 años no ha tenido una sola reclamación por errores en la revisión técnico-mecánica.
Incluso, el seguro de la polémica era bien recibido por un sector de los propietarios de los CDA.
“Nos obligaba a ser estrictos en las revisiones y, por consiguiente, servía para combatir la corrupción en la expedición de los certificados”, aseguró uno de estos empresarios.
No obstante, para Fasecolda el tema ha sido mal interpretado y causado confusión entre los usuarios. “De haberlo aprobado, la gente se iba a sentir esquilmada”, aseguró Botero.
EL TIEMPO buscó que el Ministerio de Transporte para conocer las razones del reversazo de la póliza, pero al cierre de esta edición no había respondido.
Y si bien la nueva normatividad para los CDA empezó a regir desde el pasado 15 de enero, el presidente de la Asociación de Usuarios de Vehículos Particulares anunció que va a demandar ante el Consejo de Estado las resoluciones que al respecto expidió el Mintransporte, incluida la derogación de la polémica póliza que ahora se convertirá en nuevas demandas para el Estado.
‘Esa póliza era ilegal’, Fasecolda
Jorge Botero, presidente de Fasecolda, admitió que habló con el Gobierno para tumbar la póliza. “La participación de la industria de seguros en la elaboración de cláusulas para ciertos tipos de coberturas es una práctica normal en muchas partes del mundo. No busca cartelizar porque no se pretende incidir en los costos”, explicó. Y agregó que desde un principio Fasecolda fue enemiga de la iniciativa, a pesar de que generaba primas para el sector. Según él, era casi imposible hacer efectivo un reclamo a través de ese seguro.
“Si el vehículo salía de revisión del CDA y en la esquina tenía un accidente, sería fácil probar que la causa del accidente fue una mala inspección. Pero si ese evento ocurre meses después, es imposible demostrarlo”. Y agregó que el seguro en cuestión no tenía base legal por no haber sido creado con una ley. “Hubiera canibalizado los ramos de carros o de responsabilidad civil”, dijo.
